Devaluación encubierta

La reforma laboral se había convertido en un lugar tan común de todas las conversaciones económicas como el foie en todos los platos con pretensiones. Ante la ausencia de ideas claras sobre cómo abordar una crisis de la que empezamos a sospechar que va a cambiar nuestras vidas, nos refugiamos en los conceptos y, cuanto más genéricos, mejor. ¿Qué es una reforma laboral? Aparentemente es algo tan sencillo como cambiar la regulación del trabajo pero es obvio que una cosa es reformar para incluir nuevos derechos de los trabajadores y otra muy distinta quitar algunos de los que tenían. Por tanto, en este caso, cuando hablábamos de reforma laboral queríamos decir recorte de los derechos laborales. Pero ni siquiera con esas precisiones llegamos al meollo del asunto. Quien haya leído los debates que se han suscitado antes y después de la reforma se habrá quedado con la idea de que esto, lisa y llanamente, se resume en cuatro palabras: el coste del despido. Pero no, no es eso. Lo que en España se dilucida, por esta vía y por otras, es cuánto vale en realidad nuestro trabajo. Si lo que estábamos cobrando por él hasta ahora o bastante menos. Y la reforma va a de eso, de cómo abaratar el trabajo, por la vía del despido con menos indemnización pero, sobre todo, a través de la posibilidad de descolgarse de los convenios del sector.
Antes de entrar en el euro, cuando en el país iban mal las cosas, siempre quedaba una solución, devaluar la moneda. Si España u otro cualquiera no podía devolver su deuda externa, devaluaba la moneda un 20%, por ejemplo, lo que equivalía a decirle a los inversores extranjeros: no puedo pagarle (como Grecia) y le voy a hacer una quita del 20%. Era lo mismo, pero mucho más sutil, porque en el interior pasaba casi desapercibido. Cualquier ministro, por poco competente que fuese, incluso podía sacarle rendimiento al asunto, jactándose sobre la mejora que, de un plumazo, había conseguido en la competitividad del país. En realidad, al reducir el valor de cambio de la moneda devaluaba los salarios, los precios y el patrimonio nacional pero de eso solo eran conscientes los que transaccionaban con el exterior. El resto, tan contentos.
Ahora no es posible devaluar, porque el precio de nuestra divisa no lo fijamos nosotros. Y, sin embargo, se está devaluando a través de muchas vías indirectas, un fenómeno en el que nadie parece reparar. Devaluamos los propios ciudadanos, al rebajar el precio de nuestras viviendas si queremos venderlas; lo hacen los comerciantes, a través de promociones o al no aplicar la inflación sobre los precios; lo hacen las empresas, al contratar a personas con menos salarios que sus predecesores...
Entre todos hemos conseguido el mismo efecto que con una devaluación de la moneda, que el país valga menos, lo que indica que, por vías formales o informales, la realidad económica se impone y deja las cosas en su sitio.
Son las empresas las que tienen más dificultades para seguir esta tendencia de autoajuste del sistema, porque no resulta sencillo abaratar los salarios y eso es lo que ha venido a facilitarles la reforma laboral. En el fondo, pretende que las compañías ya establecidas no queden fuera de juego por incapacidad para competir con las que entran en el mercado, con una estructura de costes salariales bastante más barata. Posiblemente no lo consiga, porque la mayoría no estarán dispuestas a asumir la conflictividad que van a conllevar las rebajas de salarios, aunque sí es seguro que se va a producir una circunstancia curiosa: por primera vez en muchas generaciones, los hijos no están en disposición de cobrar lo que cobraban sus padres, lo cual resulta paradójico en un mundo que avanza y que aparentemente premia la formación.
Es posible que hayamos merecido esto, pero no deja de resultar extraño que, con la misma formación que un alemán, un trabajador español no resulte productivo para el sueldo que gana y un alemán, que cobra el doble, sí. Es obvio que el problema va mucho más allá del propio operario y tiene que ver con la organización del trabajo en las empresas. Nos queda mucho camino por recorrer en este sentido y antes de abordarlo hay que tomar conciencia de que para eso no hay reforma legal que valga. Ninguna ley nos hará mejores gestores ni conseguirá que en las empresas haya más innovación. Tampoco propiciará que los españoles, cuando se deciden a ser empresarios, sueñen con crear una multinacional, como los americanos, en lugar de pensar en una pyme que les resuelva su puesto de trabajo. Seguimos teniendo demasiadas restricciones mentales, y la primera de ellas es la de regodearnos en nuestro microcosmos, algo muy peligroso en un mundo en el que han desaparecido las fronteras. Quizá por ese ensimismamiento ni siquiera somos conscientes de que nosotros mismos nos estamos devaluando.


Media autonomía

Es probable que la autonomía esté en grave peligro, porque Juan Hormaechea demostró que, con las mismas competencias que su antecesor Díaz de Entresotos, se podía ser mucho más autonómico. La diferencia no estaba en las leyes, estaba en el dinero. Y ahora no hay dinero, así que de poco valen las competencias. Durante años tendremos un autogobierno al ralentí y una política de perfil tan bajo que se puede resumir en una sola idea: conseguir que lo que hay siga funcionando, lo que no es poco. No habrá inversiones y no habrá proyectos, ni faraónicos ni modestos.
Es la pena que nos vemos obligados a cumplir por un pecado de soberbia, una actitud que los gobernantes ejercieron con generosidad pero de la que casi nadie se libró. Incluso los bancos, tan conservadores ellos, estaban convencidos de que podían hacer grandes negocios prestando con márgenes de apenas medio punto sobre el euribor, simplemente por acumulación, mientras la demanda crecía a ritmos superiores al 20%. No se les pasaba por la cabeza que un día podían cambiar los índices de morosidad o, simplemente, la calificación de solvencia del país, y eso se comería los márgenes de dos dentelladas y a la tercera se llevaría por delante un negocio cogido con alfileres. Eso que ahora, a toro pasado, vemos con tanta claridad y que no fuimos capaces de percibir ni siquiera cuando afloraron en Estados Unidos todas las debilidades de las hipotecas basura, concedidas a desempleados y a otras personas que no podían pagarlas. Estábamos convencidos de que las nuestras no eran peligrosas. Éramos solventes y, si lo dejásemos de ser, suponíamos que las viviendas, que se revalorizaban cada día, podían cubrir por sí solas el riesgo.
Salvar el sector financiero nos va a costar mucho dinero y salvar la autonomía muchos sacrificios, pero no hay opciones. Cruzarse de brazos sería mucho peor y el Gobierno estatal y el regional están haciendo lo que tenían que hacer. Lo que no es entendible es por qué el de Ignacio Diego no lo ha hecho hasta ahora. Las elecciones regionales se produjeron en mayo; a primeros de julio ya estaba en el poder y desde entonces ha habido tiempo de sobra para conocer cómo estaba la situación financiera y para poner en marcha las medidas. De hecho, desde el pasado verano se conoce el montante de la deuda regional, incluida la que tienen las empresas públicas y la que estaba en los cajones sin reconocer por conceptos farmacéuticos. Y, entre medio, se han hecho unos presupuestos en los que debieran haberse recogido muchas de estas medidas, para evitar que, mes y medio después de su aprobación, el mismo Gobierno que los confeccionó los haya dejado en papel mojado. Incluso, se han tomado decisiones contradictorias, como la retirada del impuesto sobre las bolsas de basura, asegurando que tenía una vocación recaudatoria (al parecer, el céntimo sanitario, no) y el gravamen sobre las grandes herencias, ya que el resto estaban exentas de pagar. Más chocante aún es haber defendido hace unas pocas semanas en el Parlamento que con estos descensos de impuestos era como debía afrontarse la crisis, cuando probablemente ya estaba preparando las subidas.
La reducción de empresas públicas a la mitad es bueno, pero tampoco se pueden sacar mayores conclusiones porque muchas de ellas son instrumentales y no tienen personal. Otras, simplemente, se han quedado sin actividad ahora que no hay nada que gastar. También es posible devolver algunas funciones a la maquinaria burocrática, que está más infrautilizada que nunca. Por eso, llama la atención que no se hayan estipulado medidas más concretas para resolver la escasa productividad dentro del núcleo de la Administración, a excepción de la retirada del complemento inicial de quienes cojan una baja o el recorte de las dietas. Hay que tener en cuenta que a los sanitarios se les van a exigir 2,5 horas más de trabajo a la semana y a los docentes dos horas más de clase.
No obstante, el auténtico problema está en la sanidad. Por mucho que Diego insista en que el PP la dejó perfectamente financiada, la transferencia se hizo con una aportación estatal muy escasa. A esa insuficiencia se añadió una temeraria política de concesiones laborales durante el mandato del PSOE. Era fácil intuir que a medio plazo resultaría imposible pagar los mil médicos incorporados al sistema público, la revalorización de los sueldos y las guardias o la disparatada universalización del complemento económico disfrazado como carrera profesional que han duplicado en pocos años el coste de la plantilla. Pero solo esta revista lo dijo en su momento. Ninguna fuerza política –tampoco el PP– puso la más mínima objeción entonces. Ni siquiera la CEOE, los sindicatos o los expertos de la Universidad dieron la voz de alarma, quizá porque en su seno ocurría exactamente lo mismo. El paradigma es la Universidad, que ha llegado a tener más vicerrectorados que consejerías el Gobierno de Cantabria. El resultado ha sido un crecimiento desmesurado de los gastos en personal, financiados por vías directas o por convenios, que han acarreado estos lodos.
El recorte del 5% en los sueldos públicos fue un sacrificio, pero apenas ha resuelto una pequeñísima parte del problema, como tampoco resolverá demasiado la reducción de las empresas públicas, hacia la que se ha tratado de desviar toda la atención. Seguimos sin llegar al fondo del asunto, porque lo evidente es que la Administración del siglo XXI, con ordenadores, no puede seguir basada en una estructura de personal del siglo XIX, cuando se trabajaba con tinteros y plumillas.

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Alberto Ibáñez